Lorena Cortés

La conversación de fondo en México para explicar la trageida criminal, que no se limita a las desapariciones forzadas y que sin duda es la más demoledora y que mantiene de luto al país,  empieza en la aquiescencia, esa  tolerancia,  silencio y la inacción con que el poder, de los tres órdenes de gobierno, que  ha permitido que una de las expresiones más atroces del fenómeno criminal eche raíces y se reproduzca.

Ésa es la marca más brutal de esta crisis, no sólo la violencia de los perpetradores, sino la aquiescencia criminal de una burocracia partidista y una clase política que, por acción, omisión o cálculo, dejó hacer, dejó pasar y después quiso administrar el horror desde el escritorio. Por eso la reacción del régimen frente al señalamiento internacional resulta tan grave por qué responde con arrogancia política a una acusación de fondo, la tolerancia estatal frente a la desaparición y pretende sustituir verdad con depuración estadística. 

De ahí la desconfianza generalizada, el regimen en el poder quiere que se crean las cirfras antes de demostrar plenamente cómo fueron construidas. En esa operación, Marcela Figueroa ha quedado reducida a algo parecido a una curadora de diapositivas oficiales, si,  una funcionaria enviada a defender en público un relato numérico que, lejos de disipar sospechas, ha profundizado la percepción de opacidad y arrogancia institucional. Cuando la prueba falta y la soberbia sobra, el dato deja de ser instrumento de verdad y se vuelve herramienta de control narrativo.

Lo que hoy enfrenta México no es una polémica diplomática, sino una emergencia humanitaria. Por eso el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó en abril de 2025 el procedimiento del artículo 34 y, el 2 de abril de 2026, pidió al Secretario General llevar el caso mexicano ante la Asamblea General, porque encontró indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas han sido y continúan cometiéndose de manera que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, es decir, violaciones gravísimas, sistemáticas o generalizadas contra la población civil, que no son hechos aislados ni excesos sueltos, sino parte de un patrón de horror que compromete la responsabilidad del Estado y sacude la conciencia del mundo.

El Comité ya había advertido desde 2022 que en México el problema no era una suma de casos aislados, sino un fenómeno estructural donde se entrelazan crimen organizado, servidores públicos y omisiones del Estado. Y esa alerta cobra todavía más fuerza cuando se mira la dimensión del horror cotidiano,  en 2025 desaparecieron en promedio 40 personas al día en México, mientras el homicidio doloso cerró 2025 con un promedio diario de 52.4 víctimas.

Haber, en México nos están matando y desapareciendo todos los días, y el señalamiento internacional no nace de una exageración, sino de una realidad que el país lleva demasiado tiempo normalizando.

Bajo esa luz, el nuevo informe oficial sobre desaparecidos resulta todavía más inquietante. El Gobierno reclasificó el registro de más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas a   43,128, 3,869 tenían carpeta de investigación abierta. Es decir, el Estado no sólo evade reconocer a plenitud la magnitud del horror, tampoco lo investiga. Y en ese vacío, la impunidad se vuelve casi absoluta.

Por eso la frase de las madres buscadoras golpea con tanta verdad moral, “el gobierno no busca, porque si busca se encuentra.” Ahí está la fractura ética del regimen, las madres buscan personas; el gobierno las vuelve a desaparecer desde la comodidad del palacio en su power point.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha sido claro, México necesita mecanismos de verdad, una política real de prevención y erradicación, y el esclarecimiento de las responsabilidades estatales por acción, omisión o aquiescencia; por eso investigar los vínculos político-criminales es una obligación elemental en un país donde desaparición, impunidad y poder local se entrelazan. Y eso es lo que incomoda al regimen. Ahí está como muestra el caso del cartel de la barredora.

No hay mayor derrota moral para un gobierno que presumirse superior mientras intenta disimular con cifras una tragedia que Naciones Unidas ya elevó a la Asamblea General por su extrema gravedad.

Y si no frenamos esta degradación, no sólo las familias buscadoras seguirán cargando solas con el peso de la verdad; nos tocará a todos vivir con el terror de pensar que un día la tragedia puede alcanzarnos y que del otro lado no encontraremos verdad ni justicia, sino trámite, clasificación y cálculo político.

 Y serán, como casi siempre en México, quienes viven con menos protección, menos visibilidad y menos poder para hacerse escuchar quienes cargarán primero con la parte más brutal de esta desgracia, ese pueblo que el régimen invoca en el discurso, pero al que en la hora más oscura deja solo frente al silencio, la impunidad y la ausencia.