Morelia, Michoacán
Más de 30 mil personas colmaban el Centro Histórico de Morelia aquel 15 de septiembre de 2008. Se conmemoraba el 198 aniversario del Grito de Dolores.
La multitud sobre la Avenida Madero, la antigua Calle Real, se miraba de extremo a extremo, desde la calle Quintana Roo, al poniente, hasta más allá de la Belisario Domínguez, en la zona oriente.
Dos ataques con granadas de fragmentación, el primer acto terrorista registrado en México, provocaron que para al menos 140 familias, lo que comenzó como fiesta nacional, terminó en tragedia, cuyos efectos persisten, duelen, 18 años después.
El entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, daba el último tañido a la campana en Palacio de Gobierno, cuando un estruendo se escuchó en el primer cuadro, semejante a juegos pirotécnicos, seguido de un segundo estallido en las cercanías del templo de La Merced, sobre Madero.
Unos momentos fueron suficientes para que la multitud se dieran cuenta de que los estallidos no fueron de fuegos artificiales, sino de artefactos explosivos que habían sido arrojados contra miles de civiles congregados frente al Palacio de Gobierno y que intentaban huir el cruce de la Madero Poniente con la calle Andrés Quintana Roo.
Cifras estimadas dieron cuenta de ocho personas fallecidas y 132 lesionadas, y se reportaron otras explosiones en la salida a Salamanca y la tenencia de Santa María.
Terrorismo sin culpables
La llegada del día después, 16 de septiembre, arrojó más luces sobre los hechos, entre el miedo de los habitantes de Morelia, recluidos en sus casas, la cancelación del desfile cívico militar y el éxodo de turistas.
Las primeras investigaciones definieron que el lanzamiento de las dos granadas de fragmentación fue perpetrado por al menos 10 personas, que se transportaban en dos vehículos, y, a dos años de la guerra contra el narcotráfico decretada por el entonces presidente de México, el moreliano Felipe Calderón Hinojosa, se presumió la autoría de grupos delincuenciales, de los que La Familia Michoacana y Los Zetas se deslinderon.
Solo con los años se supo que, contra lo declarado por Leonel Godoy, existieron al menos dos documentos que advertían a las autoridades estatales de amenazas de atentados durante la conmemoración del 198 aniversario de la independencia de México.
Estos fueron el memorándum 006/08, emitido por el coordinador de Denuncia Anónima 089, José Guadalupe Flores Anguiano, al director de la Policía Estatal Preventiva, Mario Bautista Ramírez, que expone que a las 13:32 horas del 12 de septiembre de 2008 se recibió la denuncia anónima 10596, sobre posibles atentados.
Caen los primeros; los liberan
Esl documento emitido por el director del C4, Luis Mendoza Valencia, al titular del Cisen en Michoacán, Alejandro Gómez Medina, que refiere denuncias anónimas del 1 y 8 de septiembre, cuyos detalles de hicieron llegar en sobre cerrado, bajo los numerales 10 422 y 10 536.
Por su presunta responsabilidad en los hechos, el 25 de septiembre de 2008 fueron detenidas tres personas en Apatzingán, que confesaron haber materializado los ataques.
No obstante, siete años después fueron liberados, al determinarse que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura y que en la fecha de los hechos no se encontraban en Morelia.
Peregrinar por ayuda
Tras los ataques, víctimas directas e indirectas peregrinaron para finalmente recibir pensiones vitalicias y temporales para atender sus lesiones, apoyos varios en función de las necesidades de los afectados.
Además, atención psicológica, consultas y tratamientos médicos, fármacos, financiamiento para proyectos de emprendimiento y viviendas, y en 2024 la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceav) aprobó el pago compensatorio.
Al 2023, se habían derogado 97 millones de pesos en 70 pensiones vitalicias y temporales que oscilaron de 13 mil a 49 mil pesos mensuales, para solventar, principalmente, gastos de medicamentos, atención médica y psicológica y apoyar la manutención de personas inpedidas o limitadas en su capacidad de laborar.
Sin embargo, a 18 años de los ataques con granadas en Morelia, cuando la fiesta se convirtió en tragedia, por el que se considera el primer acto terrorista en el México moderno, permanece la impunidad, sin personas detenidas o presuntos responsables del dolor que enlutó a la ciudad, el estado y el país.
