Ashley Rodríguez / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. - Con una deuda histórica que llegó a 22 mil millones de pesos, un incremento del 541% en el endeudamiento per cápita entre 1994 y 2024, y un crecimiento de las obligaciones financieras siete veces mayor desde 1993, el estado de Michoacán promulgó la reforma constitucional “No más deuda”.

Esta medida que prohíbe al Poder Ejecutivo contratar financiamiento que deba pagarse después de concluido el sexenio, fue aprobada por el Congreso estatal y posteriormente respaldada por la mayoría de los cabildos municipales.

Durante el acto de la firma del decreto de la reforma constitucional, autoridades señalaron que la reforma representa un cambio en la manera de administrar las finanzas públicas en la entidad.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo es evitar prácticas que durante años permitieron a los gobiernos financiar gasto público con créditos que se pagaban en administraciones posteriores.

Un cambio de paradigma financiero

Durante la ceremonia también participó el presidente del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, quien presentó un análisis del comportamiento de la deuda estatal en las últimas décadas.

Según explicó, mientras el endeudamiento promedio de las entidades federativas creció moderadamente en el país, en Michoacán se multiplicó siete veces entre 1993 y 2024, lo que evidencia un uso intensivo del financiamiento público.

“El endeudamiento se utilizó primordialmente para cubrir déficits estructurales en gasto corriente y no para inversión productiva”, señaló.

En 1994 la deuda por habitante era de 27.32 pesos, mientras que para 2024 alcanzó 2,333 pesos, lo que representa un aumento de 541%.

“La reciente reforma constitucional marca un cambio de paradigma gubernamental: la transición de una economía de deuda hacia una economía de eficiencia”, afirmó.

Además, advirtió que el crecimiento del servicio de la deuda reduce la capacidad del gobierno para invertir en sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.

Estrategia financiera y digitalización

Se explicó que desde 2022 el gobierno estatal ha implementado una estrategia para estabilizar las finanzas públicas, basada en disciplina fiscal, reestructuración de deuda bancaria y fortalecimiento de la recaudación local.

Entre las medidas adoptadas, destacó la renegociación de créditos de corto plazo y la liquidación de adeudos heredados con proveedores e instituciones.

Otra de las estrategias implementadas ha sido la digitalización de trámites y pagos gubernamentales. Esta modernización permitió incrementar significativamente la recaudación estatal.

También se destacó el uso de esquemas de inversión multianual para financiar infraestructura sin recurrir a deuda transexenal. A través de este mecanismo, el gobierno estatal ha ejecutado proyectos por 11 mil 560 millones de pesos, que incluyen 35 obras concluidas y otras en proceso.

Entre los proyectos mencionados se encuentran distribuidores viales, mantenimiento carretero y obras hidráulicas en distintos municipios del estado.

El funcionario sostuvo que este esquema permite iniciar proyectos durante la actual administración sin comprometer recursos de gobiernos posteriores.

Responsabilidad política y reclamo por deuda pasada

Durante el evento, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona, mencionó el nivel de deuda al que se llegó en gobiernos anteriores:

• Lázaro Cárdenas Batel (2002 - 2008): La deuda incrementó 6 mil 600 millones de pesos.
• Leonel Godoy Rangel (2008 - 2012): 8 mil millones de pesos.
• Fausto Vallejo Figueroa (2012 - 2014): Mil 800 millones de pesos.
• Silvano Aureoles Conejo (2015 - 2021): 4 mil millones de pesos.

Recordó que la iniciativa fue aprobada por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo y posteriormente ratificada por los municipios.

El legislador subrayó que la reforma surgió a partir de la preocupación por el nivel de endeudamiento acumulado en administraciones anteriores.

También cuestionó el destino de esos recursos y señaló que, pese a auditorías realizadas, no se logró esclarecer completamente su uso. Ante ello, el Congreso decidió impulsar un cambio estructural para evitar que la situación se repita en el futuro.